En el gobierno ya comenzaron los pases de factura por los abogados que contrató la Argentina para defenderse en el caso de los fondos buitre, a los que la justicia de EEUU dictaminó que había que pagarles más de U$S1300 millones.

Las críticas que le hacen a los representantes del país desde el 2002, Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, es que se basaron en una defensa estrictamente técnica y legal, pero no hicieron lobby a favor de la Argentina, a diferencia de los holdouts, que montaron campañas muy efectivas contra el país, sobre todo el titular de NML Elliott, Paul Singer.

El reproche consiste en que ni Boccuzzi ni Blackman se ocuparon de reunirse con representantes del juzgado, ni del Congreso para sumar apoyo a la posición en esos dos espacios, una movida que podría haber resultado clave en el desenlace del conflicto con los buitres.

La defensa argentina debió enfrentarse a Singer, quien en los círculos de Wall Street es considerado un lobbista experto. 

El titular de NML Elliott es el mayor aportante individual del partido republicano, la fuerza que controla la Cámara de Diputados estadounidense.

El poder de lobby de Singer quedó demostrado cuando hace tres años estaba por fracasar una votación para legalizar el matrimonio gay en el estado de Nueva York. En ese entonces, la salvación llegó del multimillonario, que reunió a un pequeño grupo de hombres fuertes de negocios con ideas afines que prometieron a los senadores republicanos donaciones de campaña para que resistan a los intentos de los conservadores sociales del partido que querían desbancarlos. 

El plan los ayudó a recaudar más de u$s1 millón en un par de días y logró el número necesario de votos para asegurar el matrimonio igualitario en el distrito. En 2009, el hijo de Singer se casó con un hombre en Boston.

Pero el problema es que los republicanos no sólo manejan la Cámara Baja, sino que tiene muchos adeptos también en la Corte, cuyos miembros simpatizan con esa fuerza de centroderecha.

Según pudo saber LPO, en el entorno de algunos funcionarios se están dando cuenta de que para el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton el negocio siempre fue que el juicio con los holdouts se prolongara lo máximo posible, más allá de si el resultado fuera a favor o en contra.

Incluso trascendió que en lo que va del litigio los abogados habrían cobrado la friolera de 100 millones de dólares.